jueves, 8 de diciembre de 2011

La nueva ley forestal de Brasil es un golpe mortal para el Amazonas

La nueva ley forestal reduciría drásticamente
las áreas de protección./@stock.xchng


El Senado brasileño puede aprobar en los próximos días la reforma de la Ley Forestal, que sería un enorme paso atrás en la protección de los bosques de Brasil, con gravísimas consecuencias para el clima.

De aprobarse en el Senado brasileño, la nueva ley forestal reduciría drásticamente las áreas de protección y permitiría que las zonas deforestadas de manera ilegal no fueran restauradas. Esta nueva ley abriría la puerta a la agricultura y ganadería a gran escala, principales causas de la destrucción de bosques tropicales en la región.

Aunque durante los últimos años y gracias a la presión internacional, al trabajo de las ONG y las medidas adoptadas por el gobierno de Brasil, se había conseguido frenar la tasa de deforestación en el Amazonas (de casi 30.000 hectáreas en 1995 a unas 6.500 en 2010), una amenaza sin precedentes planea ahora sobre una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. Esta nueva Ley Forestal impedirá el cumplimiento del compromiso de reducción de emisionesadquirido por Brasil en la pasada cumbre de Copenhague y tendrá sin duda un impacto en las actuales negociaciones de Durban.

En caso de aplicarse la nueva ley forestal de Brasil, 79 millones de hectáreas - equivalente a las superficies de Alemania, Austria e Italia juntos - podrían acabar siendo deforestadas. Esto significaría la emisión adicional de 29 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera, agravando el problema del cambio climático, además de graves impactos como la pérdida de biodiversidad, la disminución en la calidad y cantidad de los recursos hídricos y pesqueros, la pérdida de fertilidad de los suelos o el aumento del riesgo de deslizamientos de tierra. Además, con la aprobación de la nueva ley, se reduciría la franja de ribera protegida (pasando de 30 a 15 metros), se eliminarían muchos planes de restauración para zonas deforestadas, disminuiría el porcentaje de terreno privado protegido (del 80% se pasaría al 50%) y significaría una amnistía para los que han destruido el bosque de manera ilegal hasta 2008.

“Es algo completamente inaceptable, un enorme paso atrás que amenazaría la estabilidad de la región amazónica y el clima mundial”, comenta Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España.

Fuente: Ambientum

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